El pasado 27 de Abril, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, suscribió en la sede de este último una serie de convenios de colaboración para fomentar la mediación y otros medios de solución pacífica de conflictos como complemento al proceso judicial; estos acuerdos se firmaron con el Ministerio de Justicia y con representantes de once de las doce comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
El fin último del acuerdo firmado el mes pasado es promover y facilitar la mediación como una herramienta alternativa al proceso judicial, agilizando de este modo la Justicia y evitando en la medida de lo posible su habitual y criticado retraso, siendo a la vez un modo de luchar contra la cultura instaurada en nuestra país por la que siempre tiene que haber un vencedor y un vencido en los procesos judiciales.
La mediación es el cauce ideal para dar solución a determinados conflictos ya que se adapta a las partes, favorece en gran medida el cumplimiento de lo acordado y quizás lo más importante, reduce el coste económico y sobre todo emocional al que se ven sometidas las partes inmersas en todo tipo de procesos judiciales. La mediación por otra parte, es un mecanismo ideal a la hora de facilitar a las partes algo tan sencillo y complicado a la vez como es llegar a acuerdos y sobre todo su principal virtud es su apuesta decidida y firme con algo tan importante y necesario como es el diálogo.
Las dudas que surgen ante un acuerdo lleno de buenas intenciones llegan por el momento en que se ha producido, en un año con cuatro convocatorias electorales, elecciones andaluzas (con la posibilidad de que tengan que repetirse por la falta de acuerdo entre los partidos), municipales y autonómicas a pocos días vista ya, autonómicas catalanas y antes de final de año generales; este maratón de citas con las urnas pueden hacer pensar en un acuerdo electoralista en el que se busca simplemente una fotografía envuelta en un falso consenso que haga que una vez pasadas todas las citas electorales el acuerdo no tenga ni la continuidad ni el respaldo necesario; hay que evitar a toda costa lo que sucede en otros ámbitos como la Educación o la Sanidad con continuos cambios de rumbo en su modelo de gestión dependiendo del capricho de los políticos y partidos de turno en el poder.
Otro de los factores clave a la hora de valorar el acuerdo es conocer si se le va a dotar de una partida presupuestaria suficiente para que todos los objetivos establecidos puedan ser llevados a la práctica y no se quede en una mera lista de buenas intenciones imposible de cristalizar en hechos concretos por la falta de la siempre necesaria inyección económica más imprescindible, aun si cabe, en tiempos de vacas flacas como los actuales; resulta evidente que sin el dinero necesario para llevar a buen puerto lo suscrito de poco va a servir lo que se ha firmado por mucho que haya una voluntad real de llevarlo a buen término.
Una última cuestión que nos deja lo suscrito es la duda sobre si se podría haber dotado al acuerdo de un mayor grado de obligatoriedad para que la mediación no fuera un simple recurso, ya que el acuerdo, como no podía ser de otra manera, se ha encontrado con el limite marco que permite y establece la legislación actual; una pregunta podría abrir un interesante debate en los muchos y diferentes foros con los que contamos en la actualidad ¿sería un próximo paso necesario el cambio de la legislación e ir todavía más lejos?